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Cae la cúpula de la Autoridad Portuaria por el presunto amaño de concesiones náuticas

Detenido el presidente Gual de Torrella, el director y tres ejecutivos del ente público en una operación encabezada por la fiscalía Anticorrupción - Se analiza la adjudicación de unos amarres en el puerto de Maó

Detenido el presidente y los directivos de la Autoridad Portuaria de Baleares en una operación anticorrupción

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La Guardia Civil detuvo ayer a la cúpula de la Autoridad Portuaria de Balears, con su presidente Joan Gual de Torrella a la cabeza, como consecuencia de una operación anticorrupción, bajo la dirección de la fiscal Laura Pellón. Un operativo que se inició en la noche del pasado jueves y que ha culminado, al menos de momento, con cinco directivos portuarios detenidos, acusados de un presunto amaño en la adjudicación de la gestión de unos amarres en el muelle de Ponent del puerto de Maó y de otras irregularidades. Esta adjudicación se dio a la empresa Marina Asment.

Los cinco detenidos en esta operación, de los que cuatro seguían anoche en la Comandancia de la Guardia Civil, son el presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella; el vicepresidente, Miguel Puigserver Lloberas (que pertenece a Apeam, la patronal de empresas de actividades náuticas); el director de la Autoritat; el ingeniero Juan Carlos Plaza Plaza; el jefe de la división de proyectos y obras, Armando Parada González, y José Fernando Berenguer Reula, que ocupa el cargo de responsable del área de explotación y servicios del ente público. Este caso se centra en la adjudicación de los amarres del puerto de Maó. Fue un concurso público adjudicado en mayo de 2018 a la empresa Marina Asment, con el que se benefició, además de la adjudicación del taller, de la explotación de 154 amarres.

La denuncia que ha justificado la operación la presentó otra empresa náutica, que acudió a la fiscalía Anticorrupción para denunciar que se había tratado de un concurso a medida, para adjudicar dicha explotación pública a personas del entorno de la cúpula de la Autoridad Portuaria.

La documentación entregada por el denunciante fue facilitada a la Guardia Civil, que en los últimos meses ha ido estudiando los pliegos de los concursos y los contratos adjudicados, llegando a la conclusión de que existían sospechas de que se hubiera podido cometer una serie de delitos, no solo en la adjudicación de Maó, sino también en otras concesiones públicas.

Gual de Torrella, junto al director Juan Carlos Plaza, pasaron la noche del jueves durmiendo en los calabozos de la Comandancia. Los otros tres directivos fueron arrestados en la mañana de ayer, siendo trasladados también a las dependencias policiales.

A media mañana, el presidente de la Autoridad Portuaria y antiguo máximo responsable de la Cambra de Comerç fue trasladado a las oficinas centrales del ente. La Guardia Civil quiso que estuviera presente durante el registro de las oficinas, que se prolongó durante horas. Los investigadores pretendían obtener los documentos que acreditaran las sospechas que han ido acumulando durante los meses de investigación. También fueron trasladados a las oficinas centrales, junto al muelle de Palma, varios de los otros detenidos, ya que sus despachos también fueron registrados.

Las sospechas de Anticorrupción no se centran solo en la operación del muelle de Maó, sino que se extienden también a otras adjudicaciones. Por ejemplo, se sospecha de una adjudicación de una instalación náutica de Eivissa. La Guardia Civil acudió a la oficina del Club Náutico de Eivissa, que consiguió hace poco una ampliación de la concesión, que ha sido anulada en los tribunales, tras la denuncia del Club Doce Millas. En la sentencia del pasado mayo del TSJB se concluye que la APB actuó "con temeridad" al no garantizar la publicidad, transparencia y libre concurrencia".

Malversación y fraude a la administración

Los cinco directivos detenidos están acusados, inicialmente, de malversación, prevaricación y fraude a la administración. Se trata de Joan de Torella, presidente de la APB; el vicepresidente, Miquel Puigserver (que quedó en libertad con cargos); el director, Juan Carlos Plaza; el jefe de división de proyectos, Armando Parada González y el jefe del área de explotación, José Fernando Berenguer. Los cuatro que siguen detenidos declararán ante el juez en las próximas horas.

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